Urge se aplique la reglamentación internacional en casos de comunidades en reservas. “se hace necesario que se dé efectividad a los instrumentos jurídicos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el ámbito de la legislación interna"
 
Elio Henríquez * CP. 23 agosto 08-Es necesaria la definición de la reglamentación y aplicación de derechos -como la protección de las tierras y territorios de los pueblos-, en el caso de las comunidades asentadas en Montes Azules, señalaron diversas organizaciones.

La Red de Paz, integrada por organizaciones no gubernamentales, afirmó que las constantes amenazas de desalojo sobre las comunidades indígenas asentadas en áreas naturales protegidas, como Montes Azules, "hace necesario que se dé efectividad a los instrumentos jurídicos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el ámbito de la legislación interna".

En un comunicado de prensa dijo que la entrada de funcionarios del gobierno a poblados irregulares sin aviso previo y sin el conocimiento y presencia de los representantes de sus organizaciones, "rompe con los términos y mecanismos de toda negociación abierta y respetuosa acordada por las partes".

Dijo que en los días recientes, en diversos medios informativos de circulación nacional y estatal, los funcionarios de gobierno han reiterado su decisión de cerrar la posibilidad de todo diálogo y negociación para la regularización de las comunidades asentadas en Montes Azules que no cuentan con títulos agrarios, al tiempo que evalúan estrategias de desalojo.

"La entrada de funcionarios del gobierno a las comunidades asentadas en Montes Azules, sin aviso previo y sin el conocimiento y presencia de los representantes de sus organizaciones, rompe con los términos y mecanismos de toda negociación abierta y respetuosa acordada por las partes", manifestaron las ONG.

Reiteraron que "no se justifica la presencia" de efectivos del Ejército Mexicano, de la Armada de México y/o de la Policía estatal, en acciones de carácter civil, y representa "una violación a los derechos humanos de las y los habitantes de los poblados; una forma violenta de intimidación y presión para forzar a las comunidades a aceptar la indemnización o la reubicación".

Aseveraron que "la cerrazón e inflexibilidad de los funcionarios de las instancias gubernamentales directamente involucradas, como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, entre otras, "manifiestan su incapacidad de diálogo y negociación para plantear alternativas que armonicen el respeto a los derechos de las comunidades indígenas y la conservación de la diversidad biológica y cultural de este territorio".

Sostuvieron que las comunidades indígenas "no son la verdadera amenaza para la conservación y sustentabilidad de este territorio; por el contrario, son ellas las que pueden garantizar su protección y manejo adecuado mediante reglamentos internos y planes de manejo comunitario, y con el respaldo de políticas y programas para su desarrollo sustentable".

Finalmente expresaron su apoya la posición asumida por los pobladores de la ranchería Corozal, miembros de la Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de Uniones Independiente y Democrática, de no aceptar la indemnización o la reubicación como medidas impuestas por el gobierno, al tiempo que reiteraron su decisión de acompañarlos en la defensa de sus derechos.