Funcionarios del gobierno federal aseguraron que la medida fue adoptada debido a que las personas mantienen tomado el parque de 56 lagos y más de seis mil hectáreas, desde principios de septiembre, por lo que decidieron interponer demanda ante el ministerio público.

Concretamente la demanda va en contra de los habitantes de las comunidades Antelá, Nueva Rosita y Nuevo Hidalgo, que son los que mantienen en su poder el Parque Nacional.

No hay diálogo

La demanda vino por el impasse que impera entre el grupo de habitantes y representantes del gobierno estatal y federal, que no permite a corto plazo que haya una solución inmediata a la problemática, confió un funcionario.